Adultos mayores

 LA INICIATIVA DE MOVILIDAD EN LA CAMARA DE DIPUTADOS

Lo decidió anoche.
Ratifican que se ajustará la mínima y la Prestación Universal.

 El Gobierno decidió anoche que no aceptará modificaciones a su proyecto de movilidad jubilatoria, como reclamaron ayer los bloques opositores de la Cámara de Diputados.
Además, ratificó el adelanto del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, de que tanto la jubilación mínima como la Prestación Básica Universal también se ajustarán dos veces por año mediante el índice de movilidad. En el proyecto se fijaba que esos dos beneficios serían determinados en la Ley de Presupuesto.

Los bloques opositores en Diputados se pusieron de acuerdo en reclamar del Gobierno cambios en el proyecto de movilidad.

Ayer, hubo una reunión de trabajo de la Subcomisión de Previsión. El oficialismo participó sólo para recibir la propuesta y considerarla en reunión de bloque, según informó María América González.

 Los puntos centrales de la propuesta opositora son:

   La movilidad comenzará a aplicarse a partir del 1° de enero de 2009 cada tres meses. El proyecto oficial fija el 1° de marzo con ajustes cada 6 meses.
 
   Antes deberá hacerse una recomposición de haberes para los que recibieron aumentos inferiores a la variación del índice de movilidad para reconstruir la pirámide previsional.
   El haber mínimo se fija en el 82% del salario mínimo vital y móvil (hoy de $ 1.200).
A los docentes e investigadores se les aplicará la movilidad propia. Esto significa que conservarán el 82 u 85% del sueldo del cargo por el que se jubilaron.
 
   La Prestación Básica Universal –que cobran los que se jubilan por la ANSeS y AFJP– será fijada como un porcentaje a definir del sueldo medio. El proyecto la fija en $ 326. La ley previsional establece que la PBU mínima es del 27,5% del ingreso medio del sistema. Hoy serían unos $ 500.
  
   Índice de Movilidad: se aplicará la variación de la RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) que elabora la Secretaria de Seguridad Social, en base a las declaraciones juradas de las empresas. Entre diciembre de 2001 y diciembre de 2007, la RIPTE subió el 135,3%. El índice que propuso el Gobierno combina los salarios del INDEC, que contiene sueldos públicos y privados en negro y en blanco, con la recaudación tributaria, dividido por la variación del padrón de jubilados. Pero se agrega que si los ingresos de la ANSeS son inferiores, se aplicará la menor variación.
 
   Tope: el índice no tendrá ningún condicionamiento por otras variables, como ingresos de la ANseS.
 
   Los jubilados con sentencias tendrán la movilidad fijada por los fallos.
 
   Declarar la intangibilidad de los fondos de sustentabilidad de la ANSeS, que acumula hoy unos $ 20.000 millones.
 
Por:  Ismael Bermudez , diario Clarín

Las cuentas públicas computan como ingreso los aportes al régimen previsional de reparto pero eluden registrar la deuda implícita que esto genera por el compromiso de otorgar en el futuro una jubilación a cada persona activa que aporta. Bajo esta lógica, al incrementarse los traspasos al régimen de reparto aumentan los ingresos presentes, pero también la deuda no registrada.

Si en el 2007 la contabilidad pública hubiera registrado correctamente los compromisos de gastos futuros no se hubiese obtenido superávit fiscal. 

En la lógica de un régimen de reparto los aportes de los trabajadores activos constituyen un ingreso presente para el Estado. También una obligación fiscal futura, por el derecho a jubilación que genera ese aporte. La contabilidad pública, tanto en el régimen general (Administración Nacional de la Seguridad Social) como en los regímenes especiales (cajas provinciales y municipales, cajas profesionales, regímenes especiales de policía y militares, etc), tienden a contabilizar el ingreso presente, pero eluden registrar el gasto futuro. Esto da pie a una cosmética contable que permite mostrar excedentes “de caja” aunque desde el punto de vista patrimonial la situación sea la contraria.

En el caso de la ANSES cada aportante al régimen de reparto le entrega al Estado el 11% de su salario. Con ello, adquiere el derecho a obtener una jubilación equivalente al 1,5% del salario por cada año de aporte. El Estado computa el 11% del salario anual como ingreso, pero no lleva registros del compromiso de pagar el 1,5% del salario por cada año de aporte.

Tomando el valor presente de esa jubilación futura, surge que por cada $1 aportado, la deuda pública no registrada se acrecienta aproximadamente en la misma magnitud. Con datos oficiales se puede mostrar la distorsión que causa esta falta de registro:

•          En el 2007 ingresaron al Estado $7.814 millones por apropiación de ahorros acumulados en las cuentas de capitalización generando compromisos futuros de montos equivalentes.

•          También entraron $1.037 millones por aportes de personas que voluntaria o coercitivamente pasaron a reparto, monto que implica pagos de jubilaciones futuras del orden de los $1.100 millones anuales a precios del 2007.

•          Esto implica que los gastos futuros comprometidos –o deudas previsionales no registrada– acumulados durante el 2007 sería del orden de los $8.900 millones. 

En un régimen de capitalización los aportes se depositan en una cuenta a nombre del trabajador para que estén disponibles al momento de la jubilación. En el régimen de reparto, los aportes son apropiados de manera directa por el Estado y no se registra la obligación futura. Así, la “caja” del Estado muestra excedentes que estimulan el derroche de los recursos públicos. Ejemplos en este sentido son los subsidios discrecionales a empresas privadas de energía, transportes y alimentos, o el financiamiento de los déficits de empresas estatizadas como AYSA y, más recientemente, Aerolíneas Argentinas.

Si la contabilidad pública registrara la deuda que se genera por captar recursos a través del mecanismo de hacer volver gente al régimen de reparto, el superávit financiero de $6.924 millones que el Ministerio de Economía informa para el año 2007, se convertiría en un déficit de -$1.980 millones (0,2 puntos del PBI). En otras palabras, el superávit “de caja” que muestran las cuentas públicas refleja más una maniobra contable de corto plazo que una situación de solvencia fiscal.

Esto será plenamente percibido cuando en el futuro las personas que volvieron a reparto reclamen su jubilación y el Estado no pueda honrar los compromisos asumidos. El mecanismo tradicionalmente utilizado para no cumplir con los compromisos es negar la movilidad, o, establecer esquemas de movilidad que estén por debajo de la inflación. “Licuar” las prestaciones es una manera disimulada de eludir el compromiso. En este sentido, para el sistema previsional, la falta de movilidad opera de manera análoga al default que se hace en el mercado financiero con un título público.  

En este marco, las disposiciones que contiene el proyecto de ley sobre movilidad que envío el Poder Ejecutivo al Congreso resultan premonitorias. El proyecto, por un lado, perpetúa la “licuación” producida sobre los haberes entre el 2002 y el 2008. Por el otro, fija como criterio que la movilidad estará limitada por la evolución de los ingresos per cápita del sistema. Esta limitante es muy importante en un contexto donde se expande la cantidad de personas cubiertas a través de moratorias y la inducción a regresar al régimen de reparto.

El principal mensaje del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo es que para soportar el fuerte crecimiento en la cantidad de nuevos jubilados, inducido por las políticas previsionales aplicadas en los últimos años, es necesario perpetuar la “licuación” de las prestaciones previsionales presentes y extenderla a las jubilaciones futuras.

Por eso, es fundamental que la discusión en el Congreso del proyecto sobre movilidad previsional sea abordada bajo una perspectiva más integral. Sólo de esta manera se podrá garantizar que las promesas presentes sean honradas en el futuro respetando principios básicos de legalidad y equidad.

IDESA, informe del 17 de Agosto de 2008

Dr. Eugenio Semino en el Congreso 

Partiendo de que el índice de la movilidad jubilatoria debe ineludiblemente efectivizar el principio establecido por la Constitución Nacional, el doctor Eugenio Semino cuestionó la fórmula incluida en el proyecto girado al Congreso por el Poder Ejecutivo y afirmó la necesidad de que el haber jubilatorio sea ajustado considerando la variación del salario del trabajador. En caso de incorporarse a la recaudación como componente del índice, Semino sostuvo que debería tratarse de la recaudación total de la Seguridad Social y en una proporción baja, (“no más del 15 %”) quedando clara la nítida preponderancia del elemento salarial en el coeficiente.  

En el debate desarrollado durante tres días en la comisión de Previsión que preside el diputado formoseño (FPV) Juan Carlos Díaz Roig , el tema de la fórmula que determinaría el ajuste por movilidad concitó críticas compartidas, fundamentalmente al establecimiento de topes (que, “en aras que sea sustentable”) limitan el monto resultante de la variación del salario y que incluyen no sólo la incorporación de la recaudación en concepto de impuestos sino las muy disímiles interpretaciones para descifrar la mencionada fórmula.  

Varios de los participantes –las organizaciones de jubilados y pensionados, representantes de la CGT, de la CTA, los jueces de la Cámara de Seguridad Social doctores Luis Herrera y Néstor Fasciolo, el abogado especializado Guillermo Jáuregui, entre otros- expusieron y fundamentaron rigurosamente sus críticas, a la vez que plantearon diversas modificaciones al proyecto oficial.  

Otro eje importante del debate en el Congreso fue el referido a qué haber será el que funcione como “piso” para aplicar la movilidad, registrándose una amplia coincidencia sobre la necesidad de recomponer previamente los haberes. “La movilidad no puede calcularse sobre la mínima actual sino sobre una equiparada al salario mínimo que ha fijado el Consejo del Salario”, sostuvo el Dr. Semino. También se coincidió en que la PBU (Prestación Básica Universal) no debe ser reajustada por la Ley de Presupuesto sino que tiene ser incluida en la movilidad automática.  

También pidió una “recomposición general de los haberes”, para que los futuros ajustes tengan “un piso más alto”.  

Cuestiones calientes  

El proyecto oficial no incluye los ajustes retroactivos por movilidad sino que supone “legislar para adelante”. “El proyecto convalida la privación de movilidad desde 1995 al 2008”, señaló el Dr. Luis Herrera. Al respecto, Eugenio Semino cree que el tema debe ser tratado : “Pagar lo que llamamos ‘todo Badaro’, es decir todos los casos referidos a ese fallo, supondría un costo de 14 mil millones de pesos. Con los recursos existentes está claro que puede hacerse”.  

En vinculación con el tema de la retroactividad , el proyecto del ley llega incluso a sostener que serán sus pautas las que se aplicarán los reclamos que se han efectuado al respecto en sede judicial, planteo que varios oradores rechazaron enfáticamente , aludiendo a su inconstitucionalidad.  

Los debates en el Congreso no escamotearon las cuestiones de fondo que hacen a la seguridad social en la Argentina . En este sentido la política de arrasamiento llevada a cabo por la administración de Domingo Cavallo en la década de los 90 fue un punto de referencia constante en las numerosas intervenciones que enmarcaron la discusión de este proyecto de movilidad en la reforma del sistema previsional y de la seguridad social que consideran imprescindible. El Dr. Semino subrayó en su intervención, la importancia de la dimensión sociológica de las leyes para su real cumplimiento a partir de que la sociedad las sientan como necesarias. En ese sentido consideró la relevancia de que surjan del consenso entre sus actores , de que contemplen , en este caso, la situación integral de los jubilados (vivir con la mínima, salud, gastos, etc) , y la importancia de reformar la estructura que originó la actual crisis del sistema , abriendo la discusión a esa tarea . “Un punto de partida puede ser esta oportunidad actual. Podemos aprovecharla también para construir un poder que logre la derogación de las leyes de Cavallo ( 24241 y 24463) e inicie el debate sobre la reforma del sistema”

Fuente GerontoVida.org.ar

 Críticas a la ley de movilidad 

El proyecto de ley de movilidad de haberes jubilatorios que el Poder Ejecutivo envió al Congreso cosechó ayer más cuestionamientos.  

En la tercera reunión de la Comisión de Previsión Social de Diputados, que preside Juan Carlos Díaz Roig (FPV-Formosa), fue el turno de escuchar a abogados, camaristas de la seguridad social y al defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino.  

Las críticas tuvieron varios ejes, e incluso hubo advertencias respecto de que la nueva ley podría alentar una mayor litigiosidad.  

El juez Luis Herrero, de la Cámara de la Seguridad Social, hizo hincapié en que el proyecto no reconoce la deuda del Estado con los pasivos, acumulada por falta de movilidad desde 1995.  

De hecho, si bien en los últimos años los gobiernos otorgaron aumentos, para muchos esas alzas no siguieron de cerca el crecimiento ni de los salarios de los trabajadores activos ni de los precios.  

Según explicó Herrero , la disposición de un tope para las subas por ser aplicadas, sumada al hecho de que la fórmula del índice combina el alza de salarios con la evolución de la recaudación de impuestos, es algo que “se aparta de la doctrina de la Corte Suprema”, que en el fallo Badaro ordenó ajustar el ingreso sólo según el alza promedio de salarios, sin limitaciones.  

El abogado Guillermo Jáuregui demostró, con cálculos propios, que de haber estado vigente entre 2001 y 2007 el sistema propuesto, el tope previsto habría afectado los ajustes. Estimó que, sin la limitación, el alza acumulada habría llegado al 125,45%; con el tope, el ajuste habría sido del 97,05 por ciento.  

Según la iniciativa, si la recaudación por jubilado de los recursos totales del sistema sube menos que el índice combinado de evolución de sueldos y recaudación impositiva, se usará el primer índice.  

Jáuregui cuestionó que la Prestación Básica Universal (PBU), que para muchos es una parte significativa del haber, no se ajustaría con el índice de movilidad, sino según lo que disponga la ley de presupuesto.  

También Semino criticó ese aspecto y agregó que debería tomarse en cuenta sólo la evolución salarial para calcular la movilidad. En todo caso, dijo, si se considera la recaudación, debería incluirse la evolución de los aportes y contribuciones a la seguridad social.  

De la reunión, en la que los técnicos lamentaron la ausencia de varios legisladores oficialistas, participaron también el juez Néstor Fasciolo y la abogada Graciela Cipoletta, entre otros expertos.  

Por Silvia Stang Diario La Nación. 

Luego de la fuerte “licuación” producida por la devaluación, el gasto previsional recuperó los niveles que tenía con anterioridad a la crisis. Sin embargo, con similar nivel de gasto se está cubriendo a una mayor cantidad de personas debido a la incorporación de más de 1,7 millones de beneficios otorgados con las moratorias. Esto implica que estos beneficios otorgados a gente que no hizo aportes se están financiando con la “licuación” de los beneficios de quienes sí lo hicieron. Si esta injusticia no es corregida por el Congreso, la litigiosidad seguirá en ascenso.
El superávit de las cuentas públicas logrado con posterioridad a la devaluación se basó fundamentalmente en que mientras la recaudación se ajustó de manera casi inmediata con la inflación y el crecimiento de la actividad, los componentes más importantes del gasto lo hicieron a un ritmo mucho más lento. Un gasto particularmente afectado es el previsional. Esto se logró apelando a un manejo discrecional de los ajustes en las jubilaciones. Un rol muy importante en este sentido lo jugó el intenso proceso de “licuación” que sufrieron los haberes superiores al mínimo.

Desde el 2001 hasta la actualidad, los haberes entre el mínimo y los $1.000 se incrementaron en 79% y los haberes superiores a $1.000 lo hicieron en apenas 63%. Para dar una idea del rezago que sufren estas jubilaciones basta con señalar que la inflación oficial en el mismo período ha sido de 116%.
La “licuación” de los haberes previsionales superiores al mínimo provocó una importante caída del gasto previsional medido en términos de PBI. Esto contribuyó a la formación del superávit fiscal, sin embargo, el fenómeno ha sido transitorio. Según datos de la Secretaría de Seguridad Social se puede observar que:

• El gasto previsional promedio entre 1997 y 2001 fue de 5,4% del PBI por año.

• Con la “licuación” producida luego de la devaluación, en el 2005, el gasto previsional baja a 3,9% del PBI por año.

• Luego comienza a crecer nuevamente hasta llegar, en el 2007, a 5,1% del PBI por año.  
La evolución del gasto previsional medido en términos de PBI muestra que la falta de movilidad de los haberes hizo una contribución muy relevante a la generación de superávit fiscal. Hacia el año 2005, la caída de gasto previsional fue del orden de 1,5% del PBI por año. Este simple dato muestra hasta qué punto la “licuación” de haberes previsionales juega un rol fundamental en la recomposición de las finanzas públicas. Sin embargo, el gasto previsional en el 2007 ha vuelto a recuperar el nivel que tenía con anterioridad a la crisis.
La reversión en la tendencia del gasto previsional a partir del 2005 no fue consecuencia de que se comenzara a aplicar la movilidad. Por el contrario, los jubilados cuyos haberes están por encima del mínimo siguen sufriendo las pérdidas en el poder adquisitivo que les causó la falta de movilidad. El aumento de las erogaciones se explica, básicamente, porque comienza a crecer de manera vertiginosa la cantidad de beneficios otorgados.
Hacia fines del 2007, hay más de 1,7 millones de nuevos beneficios otorgados sin aportes a través de las moratorias. Con esto, la cantidad de beneficios del sistema creció en un 50% generando un aumento del gasto previsional del orden de 1,4% del PBI por año para el cual no se contempló un financiamiento específico.
En otra palabras, el otorgamiento de jubilaciones a gente que no hizo aportes está siendo financiado por el “ahorro” generado con la “licuación” de las jubilaciones de gente que hizo aportes para cobrar por encima del mínimo.
Esto permite entender por qué el proyecto oficial sobre movilidad previsional omite reconocer la falta de movilidad que se dio en el pasado. El objetivo subyacente es cristalizar y perpetuar la “licuación” acumulada en los últimos años a fin de contar con el financiamiento necesario para pagar los 1,7 millones de beneficios otorgados con las moratorias. Sin embargo, las personas afectadas están recurriendo a la justicia para subsanar la arbitrariedad. Así, los fallos del Poder Judicial colisionan con la decisión del Poder Ejecutivo de “licuar” recursos de los jubilados para desviar el excedente a financiar los beneficios otorgados a gente sin aportes.
Por eso, para restablecer una justa movilidad en un marco de respeto por la Constitución es fundamental replantear el esquema de las moratorias. En lugar de usar un artilugio legal para dar acceso a jubilaciones de manera irregular e indiscriminada, es necesario establecer un mecanismo transparente y permanente de cobertura asistencial a favor de personas que llegan a la vejez y no tienen medios económicos.
Inclusión social no es distribuir discrecionalmente recursos previsionales apropiados de manera indebida, sino asignar fondos públicos para apoyar a personas en estado de vulnerabilidad. En este contexto, el problema más complejo de resolver es definir qué tratamiento dar a la gran cantidad de beneficios que se otorgaron con las moratorias favoreciendo a muchas personas de segmentos medios y altos, y que ahora generan un costo adicional para el Estado del orden de 1,4 puntos del PBI por año. Obtenidos a partir de la “Licuación” de haberes para financiar las moratorias previsionales.

Fuente IDESA 10 de Agosto de 2008 – Número 245

Larga un maratón legislativo por la jubilación móvil
El proyecto oficial se comenzará a debatir mañana en el plenario de comisiones.

Por: Armando Vidal

La activista Norma Pla descansa en paz. Los jubilados van camino al medio millar de protestas en la puerta del Congreso. Y como por toque de magia, esta semana comienza a tratarse en comisión en la Cámara de Diputados el anhelado tema de las jubilaciones móviles.

Todo parte de una historia que dista de estar cerrada porque, según proclama la oposición, movilidad condicionada a la recaudación no es propiamente movilidad.

De todas formas, el asunto llegó al Congreso. No sólo ayudó a ello el fallo del caso Badaro de la Corte Suprema que le concedió ese derecho a quien así lo reclamó por la vía judicial. También, los reclamos y reflejos de los diputados, como María América González (bloque SI) y Claudio Lozano (CTA, Proyecto Sur), autores de un proyecto de hace dos años tomado en cuenta en el recientemente remitido por el Poder Ejecutivo. Al menos hasta el momento, otra es ahora la visión de la Casa Rosada con relación al gobierno de Néstor Kirchner, para el que las movilizaciones eran aquellas que provenían de los aumentos por decreto al sector de los pasivos.

Hoy en el despacho de la vicepresidenta de la Cámara, Patricia Vaca Narvaja, se reunirán los presidentes de bloque para analizar los pasos a dar sobre el tema. En tanto que el kirchnerista formoseño Juan Carlos Díaz Roig, cabeza de la Comisión de Previsión Social, lo hará en la cartera de Trabajo con el ministro Carlos Tomada. Todo para preparar el plenario de comisiones de mañana -Presupuesto se unirá a Previsión- donde informarán, además de Tomada, el secretario de Seguridad Social, Walter Arregui, y el director de la ANSeS, Amado Boudou.

La tarea seguirá el miércoles con la visita de organizaciones de jubilados y representantes de la CGT y la CTA. Al día siguiente, en el cierre del maratón de informes, le tocará el turno al ombudsman de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, otro antiguo militante de la causa, junto a miembros de la Cámara Federal de la Seguridad Social. No está previsto que acuda el ministro de Economía, Carlos Fernández. A un antecesor, Domingo Cavallo, lo hizo llorar Norma Plá.

Fuente: Diario Clarín, 11 de agosto de 200

Exige que las jubilaciones mínimas se eleven a $ 1200 antes de marzo de 2009.

Jubilados piden adelantar pago porque “se mueren”

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, exigió $ 1.200 de mínimo y que se otorgue antes de marzo de 2009 El Defensor de la Tercera Edad de Buenos Aires, Eugenio Semino, opinó hoy que el proyecto gubernamental que prevé un aumento de las jubilaciones debe llevar el haber mínimo de 670 pesos a 1.200 pesos.Además, reclamó que la iniciativa oficial contemple la posibilidad de otorgar un incremento antes de marzo de 2009 “para cubrir las necesidades del sector”, porque de lo contrario, dijo, “los jubilados se mueren”.

La jubilación mínima “no puede ser menor a 1.200 pesos”, la cifra en la cual podría establecerse el Salario Mínimo Vital y Móvil, explicó Semino a radio América, y aseguró que otorgar ese incremento le significará al Estado una erogación de 9.000 millones de pesos.

“Estamos informados de que hay un superávit de 21 millones de pesos”, comentó el funcionario cuando fue consultado acerca del costo que significaría el aumento que reclama para el sector

PROYECTO OFICIAL. “Desde enero de 2008 la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) me había ordenado que empezara a preparar los textos de una ley para poder enviarla al Parlamento y generar ahí el debate suficiente para aprobar una ley que permitiera ir acompañando el crecimiento y mejora de los haberes jubilatorios”, relató el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

El funcionario explicó que dicha mejora se hará “con dos variables: la variable de salarios, que va indicando la mejora de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, y por otro lado teniendo en cuenta cómo evoluciona la recaudación tributaria destinada a la seguridad social”.

Y aclaró que “la movilidad va a regir también para el haber mínimo”, e indicó que “la idea es que haya en dos oportunidades en el año una mejora de los aportes jubilatorios. La ley va entrar a regir a partir de enero de 2009″, dijo el ministro.

El proyecto oficial que ingresará mañana al Congreso, tras una exigencia de la Corte Suprema, prevé que los haberes jubilatorios sean ajustados de manera automática dos veces al año a partir de marzo próximo.

Fuente: DIARIO CRITICA DE LA ARGENTINA (Director Jorge Lanata).

La Iglesia celebra el Día de los Abuelos

BUENOS AIRES, martes, 22 julio 2008 (ZENIT.org-AICA).- El próximo sábado 26 de julio la Iglesia católica celebra la memoria de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. Por ello cada año se va imponiendo lentamente la costumbre de celebrar y homenajear en este día a los abuelos y a las personas mayores.

La Conferencia Episcopal Argentina, a través del Área de Adultos Mayores del Secretariado Nacional para la Familia, ha enviado a los párrocos un afiche en el que con una frase del salmo 92 “En la vejez seguirá dando frutos”, presenta a un hombre mayor feliz de tener en brazos a su nieto que le hace una caricia, e invita a las parroquias a que ese día se realice algún gesto que signifique ponderar la importancia de las personas mayores en la familia, en la parroquia y en la sociedad.

El afiche tiene, además, una leyenda a través de la que se adivina el respeto y el valor que se les debe dar a los mayores, porque ellos son dueños de una sabiduría y una memoria que sólo los altos años pueden atesorar. “No dejen de decirnos todo lo que saben, sus memorias, su sabiduría, su fe en Jesús”. 

La experiencia de los abuelos frente a la crisis de la familia

     El 5 de abril de este año, el Santo Padre recibió a los participantes en la XVIII asamblea plenaria del Pontificio Consejo para la Familia que se celebró del 3 al 5 de abril, en la que se trató el tema: “Los abuelos: su testimonio y presencia en la familia”.

     Tras poner de relieve que la Iglesia siempre reconoció la “gran riqueza de los abuelos desde el punto de vista humano y social, religioso y espiritual”, Benedicto XVI recordó que “en el pasado, los abuelos tenían un papel importante en la vida y en el crecimiento de la familia. Incluso cuando la edad avanzaba, seguían estando presentes con sus hijos, con los nietos y quizá con los bisnietos, dando un testimonio vivo de atención, de sacrificio y de entrega cotidiana sin reservas”.

     El Papa afirmó que con los “profundos cambios en la vida de las familias debidos a la evolución económica y social”, algunos ancianos se dan cuenta de que “son un peso para la familia y prefieren vivir solos o en asilos, con todas las consecuencias que conllevan estas decisiones”.

     ”Por desgracia  -continuó-  se sigue difundiendo la ‘cultura de la muerte’, que amenaza también a la tercera edad. Con gran insistencia se llega incluso a proponer la eutanasia como solución para resolver ciertas situaciones difíciles”. Por eso, “es necesario  -subrayó-  reaccionar siempre con fuerza ante lo que deshumaniza la sociedad. Hay que derrotar juntos toda marginación, porque los abuelos, las abuelas, los ancianos, no son los únicos que se ven arrollados por la mentalidad individualista, sino todos. Si los abuelos, como se dice a menudo, constituyen un precioso talento, hay que poner en práctica decisiones coherentes que permitan valorarlos mejor”.

  
     El Papa pidió que “los abuelos vuelvan a ser una presencia viva en la familia, en la Iglesia y en la sociedad, que continúen siendo testigos de unidad, de valores fundados en la fidelidad a un único amor que genera la fe y la alegría de vivir. Los llamados nuevos modelos de familia y el relativismo reinante  -añadió-  han debilitado estos valores fundamentales del núcleo familiar”.

     “Para afrontar la crisis de la familia, ¿no se podría partir precisamente de la presencia y del testimonio de aquellos  -los abuelos-  que cuentan con una mayor firmeza de valores y de proyectos? No se puede proyectar el futuro sin retornar a un pasado rico de experiencias significativas y de puntos de referencia espiritual y moral”.

Hola amigos

Les paso esta información que me llegó a través de un volante

La parroquia de santa Ana y san Joaquín celebra los 100 años de vida del barrio de Villa del Parque mediante varios actos litúrgicos entre los cuales se incluye éste.

Sábado 26 de julio - Festividad de santa Ana y san Joaquín 16 hs. Misa con el Sacramento de la Unción para los Abuelos presidida por el Cardenal Bergoglio. A continuación té de las familias.

En el volante se incluye el siguiente texto “Es la Fiesta de Santa Ana y San Joaquín y queremos compartirla con todo el barrio de Villa del Parque.

Ellos, que son “Los Abuelos de Jesús”, son también nuestros patronos e intercesores. Somos concientes que muchas veces vivimos situaciones difíciles que desaniman y con frecuencia nos llevan al desaliento. Frente al dolor y a la decepción los cristianos somos llamados a la esperanza. Esta esperanza es el ancla que ya está clavada en los Cielos y a la cual nos aferramos para seguir caminando. El mismo Jesús viene a nuestro encuentro para repetirnos con serenidad y firmeza: “No tengan miedo”. “Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo”. “Vayan y anuncien”.

Quiera Dios que podamos juntos seguir anunciando con fervor y alegría a Jesucristo, Nuestro Salvador, Señor de la Historia.

Que esta sea una ocasión favorable para que muchos se acerquen y se sientan más parte de la Comunidad Parroquial. Con mucho cariño.

Comunidad parroquial y sacerdotes de Santa Ana”

informes Pquia. Santa Ana, Pedro Lozano 3167, V del Parque, tel. 4501 0723, Secretaría martes a sábado 9 a 13 y 16.30 a 20,30 hs.