Adultos mayores

Ya no habrá cuentas a nombre de los afiliados y habrá variaciones en los haberes 

A partir de la entrada en vigor de la ley jubilatoria aprobada anoche, los 9,53 millones de trabajadores afiliados al sistema de capitalización que administran las AFJP -de los cuales sólo 3,7 millones aportan efectivamente cada mes- pasarán automáticamente a formar parte del régimen de reparto que gestiona la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).  

Una diferencia fundamental entre uno y otro sistema es la forma en que se calcula la jubilación. Mientras en capitalización el valor del haber estaba vinculado directamente con el monto ahorrado por cada persona y con su expectativa de vida, en reparto la determinación del ingreso tiene que ver con el nivel de salarios de los últimos 10 años trabajados.  

Actualmente, en el sistema público el haber inicial equivale al 1,5% del sueldo promedio de los últimos 120 meses (10 años) en los que se haya contribuido a la seguridad social (los valores históricos se actualizan según índices definidos por la Anses), multiplicado por la cantidad de años con aportes. Un ejemplo: si el promedio salarial da $ 2000 y se aportó durante 30 años, entonces el haber será el resultado de multiplicar $ 30 por 30, lo que da $ 900 (el 45% de aquel promedio). A eso se suma una prestación básica de monto fijo, que seguirá vigente.  

Los fondos acumulados hasta ahora por los afiliados a las AFJP están invertidos en activos financieros y tienen un valor de $ 74.000 millones. Con la nueva ley, esos recursos pasarán a una caja única que administrará la Anses -ya no habrá cuentas a nombre de cada afiliado- y cumplirán un rol diferente del que tenían hasta ahora: su función será actuar como garantía de cumplimiento de los compromisos que asume el Estado. Son recursos que se sumarán a un fondo de excedentes que tiene el sistema público.  

Con respecto a las personas que ya están cobrando su jubilación en una AFJP, la norma diferencia dos situaciones. Quienes tienen una renta vitalicia en una compañía de seguros de retiro seguirán cobrando bajo esa modalidad, sin cambios. Y las personas que están percibiendo su jubilación, retiro por invalidez o pensión por fallecimiento bajo la modalidad de retiro programado o fraccionario (directamente del fondo administrado por la AFJP) pasarán a percibir la totalidad de su ingreso por el régimen público.  

Monto por cobrar  

En este caso, el monto que se cobrará será el más alto que se haya percibido entre enero y septiembre de este año. Esto se aclara porque, cuando se cobra bajo la modalidad de retiro programado, el valor mensual se establece como una cantidad de cuotas en las que se divide el fondo (no en una cantidad de pesos) y la suma varía en función de los resultados positivos o negativos que tienen las inversiones. Como en los últimos meses hubo resultados negativos, los valores sufrieron bajas.  

Para quienes aún son trabajadores activos y realizaron aportes voluntarios a su cuenta de ahorro, la norma dispone que esos recursos pasarán a la Anses o a una AFJP para mejorar en el futuro el haber jubilatorio. Sin embargo, lo más probable es que no exista esta opción y pasen directamente al sistema público, ya que se estima que desaparecerán las AFJP. Y si esto sucede, aún no está definido cómo compensará la Anses a quienes hicieron aportes extraordinarios.  

Al eliminarse el concepto de propiedad de los ahorros, dejarán de tener el carácter hereditario que tenían en caso de que falleciera el titular sin dejar familiares con derecho a la pensión. Y se deja sin efecto la posibilidad de acceder a los fondos al cumplir la edad de retiro (60 años las mujeres y 65 años los varones) aun sin contar con 30 años de aportes, que es el requisito para acceder a la jubilación estatal.  

Las claves para entender la ley  

¿Qué significa el cambio legal?  

Dejará de existir el sistema jubilatorio de capitalización y los 9,5 millones de afiliados a las AFJP pasarán automáticamente al régimen de reparto gestionado por la Anses.  

¿Habrá cambios en los derechos de los trabajadores?  

Se modifica la modalidad de cálculo de las jubilaciones. Mientras que en capitalización el monto dependía del ahorro y de la expectativa de vida, en reparto el haber se relaciona con los salarios de los últimos 10 años trabajados. Además, se pierde el carácter hereditario del fondo cuando el afiliado fallece y no existe ningún familiar con derecho a pensión.  

¿Qué pasará con el fondo acumulado por los afiliados?  

Se transferirá a una cuenta única que controlará la Anses. Para otorgar beneficios en el futuro, el Estado no considerará los montos ahorrados, sino la cantidad de años y meses aportados por cada trabajador a una AFJP, que se contarán como si hubieran sido realizados en reparto. Para jubilarse, se requiere tener 30 años con contribuciones.  

¿Qué hará la Anses con los recursos que recibirá?  

Irán a un fondo de garantía del régimen previsional público, y estarán invertidos en activos financieros, incluidos bonos del Estado.  

¿Qué pasará con las AFJP?  

Desaparecerán. Son 10 (cuatro de bancos: dos privados, uno estatal y uno cooperativo); dos de aseguradoras, una de sindicatos, una de una obra social, una de una entidad profesional y otra de una constructora). Tienen 11.000 empleados.

Silvia Stang.Viernes 21 de noviembre de 2008  La Nación

En estos días se habla permanentemente del destino de las AFJP,  su penosa creación y desdichada administración, cosa que se nos ocultó desde su creación, sólo algunas voces perdidas se atrevieron a dar sus pareceres, y eran depreciados inmediatamente por la prensa oficial y no oficial cómplice de tamaña mentira.

 La Iglesia Católica permanentemente enseña cómo debe actuar el creyente en este tema y ataca a los corruptos,  la respuesta es siempre la misma, se ofende, se miente y se persiguen actitudes o personas que a veces se han equivocado u otras no han reaccionado con energía a los ataques, quizás ofreciendo la otra mejilla al que los castiga y olvidando que ¨Cristo en algún momento alzó el látigo ante los vendedores y corruptos en el Templo.

El texto que sigue es del Dr. Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, con amplios antecedentes sobre la materia, que propone una transformación del sistema previsional que deberíamos tener en cuenta nosotros y nuestros legisladores en la tarea que nos ocupa.

Hacia un nuevo sistema de Seguridad Social
Por Eugenio Luis Semino

En nuestra sociedad, una extendida gerontofobia pasiva, producto de la prefiguración de vejez como pobreza, hace que nadie se conciba a sí mismo como viejo. En el decir del entrañable previsionalista José Luis Di Lorenzo, una extendida moral esquimal hace que nuestros viejos tengan que rumbear para el Polo como única alternativa para que pervivan los jóvenes. A esta altura estoy convencido de que si no logramos analizar la problemática de nuestros adultos mayores en el contexto de un proyecto de país, la discusión quedará reducida a si una norma es más o menos justa, si la ley da tal o cual beneficio o si se puede pagar o no a los jubilados.

Los jubilados son los desaparecidos de un sistema sociopolítico donde no solamente las decisiones políticas los abandonaron sino que la sociedad permitió que esto ocurriera.
El modelo de jibarización impuesto a nuestros mercados latinoamericanos llevó a excluir del consumo a importantes sectores de la sociedad. El conformado por los adultos mayores fue en nuestro país, el más significativo en cuanto a su volumen. El viejo, en lugar de ser un importante sujeto de consumo – como ocurre en las economías de mercado de países desarrollados o centrales- se constituyó en un objeto a ser consumido (entre otros, por el negocio de la enfermedad). Y la disponibilidad de tiempo, que en el adulto mayor constituye un enorme potencial para convertirlo en fenomenal consumidor, se transformó en su terrible carga de angustia.

Esta brutal muestra de inseguridad social sobre un sector de la población al incorporarlo a un escenario de aguda concentración de la riqueza contrapuesta a la exclusión extendida, al que se suma el bombardeo de una publicidad que exacerba el consumo y los valores referidos al POSEER en detrimento del SER, es sin duda alguna, la causa predominante de la inseguridad ciudadana que tanto preocupa actualmente.

Arribados a este punto y ante el fracaso del esquema de inversión de riesgo, que a principios de los noventa bajo la dominación de “capitalización” el legislador asimiló a un sistema de seguridad social - en franca contradicción, según mi modesto entender con lo preceptuado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y obviamente con la propia doctrina - sólo a manera de mayor abundamiento nos basta señalar que lo que entonces muchos consideramos reñido con los más elementales principios de la seguridad social, también fue, según se probó en el 2008, un muy mal negocio, no para las AFJP sino para los trabajadores que transfirieron a ellas sus aportes.

Los números hablan : mientras entre 1994 y junio de 2008 los aportantes volcaron al sistema de AFJP U$S 36.890 millones, la evolución del fondo a la misma fecha fue de U$S 30.565 millones : es decir, se perdieron U$S 6.325 millones, equivalentes al 17%. A la vez, en ese mismo período las AFJP cobraron aproximadamente U$S 11.670 en concepto de comisiones.

Si embargo, aun persiste en numerosos sectores la confusión generada durante varios años por la publicidad engañosa que llevaron adelante las AFJP. Mucha gente ha llegado a creer que los fondos que aportaron eran una suerte de cuenta bancaria y no una cuota-parte de un fondo de inversión, de una inversión de riesgo que ha generado ganancias pero también cuantiosas pérdidas.

Obviamente, terminar con algo tan malo como lo que ha ocurrido en este proceso no implica, a mi criterio, que espontáneamente surja algo bueno, si no se lo construye como tal. Y hay que ser rigurosos en este aspecto, sobre todo cuando múltiples acontecimientos de la historia han escaldado la piel de nuestra sociedad. De ahí que yo crea que esta ley hoy en discusión necesita más consensos que votos.

Seguramente incorporar mecanismos de control de los recursos del sistema será un avance en ese camino. Han sido propuestos varios, en su mayoría con la participación de actores diversos. Cualquiera de las garantías que sea posible incluir en el proyecto será mucho mejor, enormemente mejor que las que dieron las AFJP.
Otro reclamo insistente es saber cómo se dispondrá de los recursos que pasan al Estado. Muchos hemos coincidido en señalar lo que no se podría hacer con esos fondos (como pagar deuda externa, gastos corrientes, campañas electorales, etc). En mi opinión habría que invertirlos fundamentalmente en obra pública que genere mano de obra en blanco, lo cual fortalece el empleo y suma nuevos aportes al sistema.

Hoy estamos ante un acto fundacional, un paso importante hacia un nuevo sistema previsional público, amplio, abarcativo y consensuado. Aunque la misma sanción de la ley ya evitaría que los trabajadores siguieran perdiendo sus aportes, una vez aprobada se requiere incorporar los mecanismos que permitan conformar un sistema estable, sustentable, controlable y que de resultados no sólo para los futuros jubilados sino y sobre todo para los actuales.

Por esto asignamos especial importancia a la necesidad de la recomposición de los haberes de los jubilados, que hoy es factible no sólo por la mayor cuantía que integrará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Provisional Publico sino porque así lo establece el actual decreto 897/07, que con toda claridad señala que cuando haya acumulación equivalente o mayor a la erogación total del sistema, el excedente debe redistribuirse dentro del mismo sistema, es decir, volcarse a los beneficios de los jubilados.

Yendo a las cifras : en 2009 se estima que el Fondo de Garantía rondará los 26.000 millones de pesos a los que se sumarán unos 15.000 millones correspondientes a los ingresos por aportes de los afiliados a AFJP y los 97.000 del fondo de capitalización. Como las erogaciones previstas rodean 80.000 millones de pesos, quedaría abierto el camino para recomponer la pirámide de haberes de los actuales jubilados a los niveles del 2002, lo que cuesta unos 20.000 millones de pesos más. Si a esto incorporamos, como sostienen algunos previsionalistas a los que me sumo fervoroso, que se reinstalen parte de las contribuciones patronales(exceptuando pequeñas y medianas empresas para evitar resentir la producción) cuya quita se efectuó en 1995 bajo el pretexto de evitar la desocupación, podrían incorporarse a esa recaudación 9.000 millones de pesos extras.

De esta forma y utilizando herramientas legislativas vigentes se podría crear un fortísimo ahorro al bajar la litigiosidad (este año se iniciaron decenas de miles de nuevos expedientes judiciales) y, sobre todo, se lograría saldar parte de la deuda histórica con nuestros viejos al tiempo que se les restituiría la dignidad que las AFJP y estas políticas también quitaron.

Al respecto, no quiero dejar de recordar – cuando tanto se aplica el cuantitativismo para tratar de demostrar que están bien los que están muy mal - que, muchos miles de adultos rotulados como aportantes irregulares murieron o mueren en nuestro país sin contar con un beneficio que tanto las leyes o la burocracia les negaron o les siguen negando.

Por último, quiero proponer lo que a mi criterio es tal vez lo más importante en cuanto al tiempo por venir. Como integrante de un organismo de garantías y como gerontólogo que he visto a diario los efectos del gerontocidio producido aquí y en Latinoamérica (denunciado en 1995 en el Congreso Mundial de Geriatría y Gerontología) propongo :
Que este proyecto actual, más allá de su significación y de su destino, sirva también para constituir en forma inmediata un ámbito donde todas las fuerzas del sistema político y social se aboquen, previa derogación de las leyes 24.241 y 24.463, a elaborar el Código de la Seguridad Social, tal como ocurrió en España con el consenso que llevó al PACTO DE TOLEDO en 1995. Estoy convencido que no hay otro camino para salir del cuadro que tanto nos preocupa. Sólo de ese modo, con el valor del fuerte consenso, lograremos instituir un sistema público, eficaz, eficiente, sustentable y eminentemente humanista.