Fondos Previsionales
Fideicomisos
La arquitectura financiera del régimen de reparto contempla la utilización de al menos 20% del ahorro de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) para destinar a obra pública y de infraestructura en el interior del país.
Así se desprende del manual normativo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional, cuyo borrador circulará esta semana por los escritorios de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo. Son en total $ 4.000 millones que estarán disponibles para financiar desde cloacas hasta puentes, rutas e infraestructura energética.
A través de la reforma previsional, el Estado había obligado a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) a invertir como mínimo 5% de sus recursos en proyectos productivos e infraestructura. El máximo es de 20%. Como la cartera de los fondos de pensión ronda los $ 95.000 millones, las firmas deberán colocar $ 5.000 millones en activos vinculados con la obra pública.
Algo similar ocurrirá con la ANSeS y el sistema de reparto. El ahorro acumulado de la entidad en los últimos cuatro años suma $ 20.000 millones y el 20% del total, en lugar de ser el techo de inversión en infraestructura como ocurre en el régimen de capitalización, será el piso para invertir.
La medida tiene como objetivo reducir el costo del crédito y mantener la tendencia alcista del gasto de capital.
Desde algunos sectores del oficialismo, también pretenden que las provincias y municipios puedan acceder a los recursos del Fondo de Garantía Previsional de manera directa si emiten títulos que tengan una garantía de coparticipación. “El ahorro previsional, que es de largo plazo, es el más apropiado para financiar obras públicas que en muchos casos pueden tener hasta 10 o 20 años de maduración en el proyecto”, comentaron fuentes oficiales.
Con esa salvedad de la mayor participación de inversiones en la economía real, el Fondo de Garantías de ANSeS replicará la conformación del portafolio de las AFJP, lo que permitirá obtener rentabilidad. Las administradoras quedaron obligadas a elevar hasta un total de 5% de sus recursos la inversión en proyectos productivos pero tendrán cinco años para hacerlo. En octubre de 2008, recién deberán mostrar que 1% de su cartera responde a esta orientación. Algunas opciones que se barajan para lograr el cometido apuntan al área agropecuaria y de vivienda.
La decisión de hacer gradual la meta del famoso “inciso Q” de la ley previsional se debe a que de otra forma las administradoras deberían desarmar posiciones de inversión y podrían agregar volatilidad a los ya golpeados mercados de capitales.
Los ingresos mensuales de $ 600 millones en el régimen privado permitirán invertir en obras sin alterar el portafolio de activos actual. Mientras la inyección de liquidez que recibió el sistema de reparto con la reforma previsional y la urgencia en resolver el financiamiento energético harán que la inversión productiva sea más rápida, dando oxígeno al primero año de gestión de Cristina Kirchner.
El fondeo de las cajas
¿Respetará el Estado la movilidad de las jubilaciones. Si bien se trata de un derecho amparado por la Constitución, sobran antecedentes -en el pasado y en el presente- de flagrantes violaciones. Planteado de esta manera el análisis técnico pierde relevancia y utilidad.
“La Nación ” alertó que un factor a tener en cuenta es la solidez financiera del sistema previsional. Una manera de cuantificar la capacidad de cumplir con los compromisos futuros es a través de la magnitud de ahorros previsionales acumulados. Según datos de la OECD y la Superintendencia de AFJP de Argentina, en la experiencia internacional aparece el siguiente panorama:
o En países como Islandia, Holanda ó Suiza los ahorros previsionales acumulados superan al Producto Bruto Interno de cada país.
o En Australia, Gran Bretaña, EEUU y Chile los ahorros previsionales acumulados superan la mitad del Producto Bruto Interno de cada país.
o En Argentina, los fondos previsionales acumulados que administran las AFJP representan el 12% del Producto Bruto Interno.
Los países que tienen sistema previsionales mucho más sólidos que Argentina tienden a utilizar esquemas mixtos donde se combina el reparto con la capitalización Esto se da, incluso, en sociedades con altos estándares de protección social y fuerte compromiso del Estado con una armónica distribución del ingreso. En otras palabras, las estrategias más exitosas, no se basan en concebir el reparto y la capitalización como antagónicos, sino como complementarios para aprovechar las potencialidades de cada uno.
La lógica previsional de estos países es que el sistema de reparto garantiza los básicos universales y el de capitalización acumula ahorros para garantizar prestaciones adicionales. Aunque cada país adopta criterios de instrumentación propios, la idea subyacente es que el Estado asume como rol principal la garantía de una protección básica cuando las personas llegan a la vejez, mientras que se delega en la capitalización el objetivo de que las prestaciones jubilatorias tengan un nivel acorde con el salario que las personas tenían en actividad. En la medida que la capitalización ofrece buenas alternativas a las personas con capacidad de ahorro, el Estado tiene la posibilidad de concentrar sus recursos y capacidad de gestión en garantizar prestaciones básicas con cobertura universal.
El ejemplo de Chile es muy ilustrativo. La expansión de los ahorros previsionales ha alcanzado niveles similares al de los países de alto desarrollo. Esto ha tenido un impacto decisivo como base de sustentación del fuerte y sostenido proceso de inversión que explica las altas tasas de crecimiento que se han logrado durante más de dos décadas en ese país. Más importante aun, para los trabajadores que tienen capacidad de ahorro, el mecanismo ofrece buena calidad de cobertura. No ocurre lo mismo para las personas con empleos intermitentes y salarios bajos. Por eso, a través de la última reforma se han comprometido fondos públicos para garantizar prestaciones básicas a las personas mayores en estado de vulnerabilidad.
En el sentido opuesto aparece Italia. El régimen de reparto en ese país se ha expandido al punto de estar asumiendo compromisos imposibles de cumplir, que pone en juego no sólo el bienestar de los mayores sino el de toda la población.
Aunque el desarrollo del régimen de capitalización en la Argentina es todavía muy incipiente, la reforma fue planteada bajo la idea de reivindicar el reparto como si fuera un mecanismo superador de la capitalización. Esto implica alejarse de los esquemas socialmente más eficaces que aplican los países bien organizados y retomar caminos que fracasaron en el pasado y que son los que están generando un enorme problema fiscal en Italia.
Planteado de esta manera, la principal debilidad de la reforma argentina es que constituye otra oportunidad perdida para establecer un efectivo compromiso del Estado con la equidad social y brindar mecanismos idóneos de sustentabilidad fiscal de largo plazo.
editado por La Nación
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